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El problema de la propiedad y el de los propietarios
De nuevo, el tema de la propiedad está en el centro del huracán nacional. He aquí algunos trazos generales, extraídos de la historia, conocidos, pero útiles de recordar, para ubicar mejor dónde esta hoy y dónde puede estar mañana el nudo más grueso del problema de la propiedad.

Ernesto Castillo Martínez
http://www.envio.org.ni/articulo/324

Hablar del problema de la propiedad en Nicaragua, y del problema de los propietarios, nos remite obligatoriamente al pasado más inmediato. Desde él entenderemos mejor la situación actual, las crisis más recientes, los últimos acuerdos.

Todo empieza a cambiar
En el período del poder somocista la propiedad tradicional cambió en cuanto a sus titulares. Los propietarios particulares modernizaron sus formas de tenencia, creándose sociedades propietarias que fortalecieron la agrupación de capitales familiares y la unión de intereses comunes para el desarrollo de empresas agroindustriales que pudieran generar beneficios: grandes plantaciones de algodón y de café, desmotadoras, beneficios de café, centros de financiamiento para pequeños productores, sociedades comercializadoras para el mercado local y para la exportación. En el Pacífico, en especial en Occidente, trabajadores dueños de tierras los de la comunidad indígena de Subtiaba, con títulos originados en el mismo Rey de España; los que tenían posesión de tierras como colonos que las habían trabajado durante generaciones, e incluso pequeños propietarios con títulos inscritos fueron desplazados para dar lugar a las grandes plantaciones de algodón y tuvieron que emigrar a zonas como Nueva Guinea, con la promesa de una Reforma Agraria y sin más instrumentos que su voluntad de trabajar la tierra y hacerse un lugar aunque fuera en la montaña.

Estos desplazamientos se produjeron después de la larga y sufrida resistencia de los trabajadores de la tierra del sector occidental, reprimidos militarmente por la Guardia Nacional somocista con la complicidad de los pioneros del cultivo del algodón.

La industria también agrupó a los propietarios: plantas procesadoras de leche y de carne, madereras, harineras, textileras. De los requerimientos de capital de inversión tradicional a través de préstamos de particulares y de los dineros excedentes de la producción en grandes haciendas o en rentas de propiedades urbanas, se pasa a la creación de bancos y financieras que agilizan la inversión monetaria de los grandes propietarios.

La propiedad urbana, concentrada en manos de grandes dueños de inmuebles, fundamentalmente en Managua, se dedicaba al arriendo. Por lo general, estos grandes dueños adquirían estas propiedades en juicios hipotecarios a deudores que les solicitaron dinero para incursionar en las actividades de modernización de la agricultura, del comercio y de la industria.

De estos casatenientes tradicionales se pasa en aquellos años a la conformación de compañías urbanizadoras que edifican en los sectores donde viven las familias de ingresos altos y medios. El negocio inmobiliario en barrios donde habita la población de escasos recursos, y a donde llega la migración campesina, se caracteriza por la "venta" sin título a los pobladores, que al no poder pagar las cuotas, son desalojados para que ocupe la vivienda otro comprador y después, otro. Se va formando así una cadena de "propietarios" sin título, imposibilitados de inscribir sus propiedades en los Registros Públicos de la Propiedad. Por ejemplo, el "dueño" de un lote en Ciudad Sandino, que pagó por él una determinada cantidad durante cinco o más años y logró construir una casita, si faltaba a un solo pago, podía ser desalojado y perder, no sólo el lote sino también lo construido, que se vendía de nuevo, y en la mismas condiciones, a otro comprador. Estos mecanismos generaban grandes ingresos a los casatenientes, y les permitían conservar siempre la pro piedad.

Somocismo: dos grupos de propietarios
El terremoto de Managua, en diciembre de 1972, generó una expansión del negocio inmobiliario. Los Somoza adquirieron grandes extensiones de tierras donde se ubicaría la nueva Managua, y las grandes empresas constructoras desarrollaron urbanizaciones periféricas. Miles de pobladores, sin posibilidad de acceder a créditos para la construcción de viviendas, fueron desplazados a barrios marginales sin urbanizar y levantaron sus nuevas casas en terrenos sin tener el título de dominio.

Los resultados del llamado boom algodonero fortalecieron a la banca privada. El dinero de los grandes hacen dados y casatenientes pasó de cajas de hierro y cofres particulares a los bancos, que captaron ahorros que les permitieron, no sólo crecer financieramente, sino insertar a sus accionistas en la industria y en el comercio.

Entre los propietarios surgen dos bloques de poder: el del capital tradicional, girando alrededor de la familia Pellas, y el del nuevo capital de técnicos vinculados a los Somozas o protegidos particularmente por ellos para ganarle espacios a los propietarios tradicionales. El Banco de América y el Banco Nicaragüense fueron los símbolos emblemáticos de la nueva organización de la propiedad en el país.

La consolidación del poder somocista, con base en el poder militar y en el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos, le permite a la familia Somoza pasar, de ser simples usurpadores de bienes ajenos a ser grandes propietarios, a incursionar en la modernización que están experimentando las formas propietarias del sector privado. Así, paralela a la iniciativa privada, se desarrolla un complejo de formas de propiedad de la familia Somoza, que abarca desde grandes plantaciones de arroz y haciendas ganaderas hasta industrias: cementeras, procesadoras de madera, leche y carne, textileras, etc. Utilizando los fondos accesibles de la banca estatal, los Somozas establecen mecanismos financieros adecuados para financiar su propio desarrollo inversionista. Esto les permite crear empresas de envergadura superior a las capacidades del capital tradicional, como compañías navieras y de transporte aéreo.

A la par de este proceso, militares y funcionarios del régimen somocista se convierten en propietarios, frecuentemente de fincas deficientemente explotadas. Por lo general, las dan en arriendo a colonos, que les entregan parte de la producción. Otra modalidad que usaron para transformarse en propietarios fue la compra de viviendas en barrios y de cuarterías de alquiler que no requerían de inversión en obras de urbanización y servicios.

En vísperas del cambio revolucionario
Ya para 1979, la situación de la propiedad había variado notablemente. Los brotes insurreccionales iniciados por el FSLN, y especialmente el fortalecimiento del accionar guerrillero a partir de diciembre de 1974 cuando Somoza tuvo que ceder a las exigencias planteadas por los sandinistas en la toma de la casa de Chema Castillo , revelaron a la población nicaragüense las debilidades del régimen. A la par, algunos sectores católicos comenzaron a reclamar una más justa distribución de la riqueza y a difundir una concepción cristiana en el uso de los bienes, esa "hipoteca social" que pesa sobre toda propiedad, basándose en el evangelio y en los documentos del Concilio Vaticano II y de la reunión de los obispos latinoamericanos en Medellín.

En estos últimos años del somocismo, el capital de los Somozas, el de sus militares y funcionarios, y también el temeroso capital de los sectores conservadores del sector privado, paraliza prácticamente todas sus inversiones en el país. Se inicia el éxodo del capital nicaragüense hacia bancos extranjeros.

Un sector del capital privado, fundamentalmente el de propietarios jóvenes que veían limitadas por los Somozas sus metas de expansión y que ven paralizado el proceso de inserción de Nicaragua en el Mercado Común Centroamericano decidieron apostar al cambio, y ante la imposibilidad de enfrentar directamente a Somoza, apuestan a apoyar a quienes sí lo enfrentan y luchan contra el somocismo, incluso con métodos violentos. Altos ejecutivos de grandes propietarios, como los del grupo Pellas, dieron apoyo logístico, incluso de manera directa, a la lucha armada que dirigía el FSLN. No pocos jóvenes, hijos de grandes propietarios, participaron directamente en las acciones armadas sandinistas, después de haber militado activamente en grupos cristianos.

Este sector de propietarios, afectados en sus propios intereses por la voracidad económica del régimen somocistas, aún sabiendo unos, y sospechando otros, que el movimiento guerrillero estaba inspirado en la filosofía marxista, apoyaron los esfuerzos para el derrocamiento del régimen, confiando que en Nicaragua el proceso de redistribución de la propiedad no se daría con medidas bruscas de socialización. Confiando, por supuesto, en que los afectados por las medidas revolucionarias, una vez derrotado Somoza, serían únicamente los Somozas y los cómplices de sus crímenes y robos. Las autoridades de la Iglesia Católica así lo pensaron. Antes del 19 de julio de 1979, el hoy Cardenal Miguel Obando había aceptado ser el enlace para la entrega del poder a la nueva Junta de Gobierno, ya aceptada por los Estados Unidos y que gozaba además del respaldo de presidentes demócratas como Carlos Andrés Pérez y Rodrigo Carazo.

FSLN: la finalidad original
En este contexto, resultaba natural que se pensara que a los guerrilleros les tocaba el combatir militarmente a Somoza, pero que una vez tomado el poder, las responsabilidades del gobierno para la reconstrucción del país recaerían en quienes tenían la experiencia política y la capacidad administrativa para hacerlo.

El mismo FSLN así lo entendió y por eso, la unión del sector de los intelectuales puristas (proletarios) y del sector que luchaba con la concepción tradicional del foquismo (GPP) con el sector dirigido por Humberto y Daniel Ortega, que habían apostado por la vinculación con sectores de la burguesía propietaria a fin, no sólo de hacer viable el triunfo, sino de legitimar internacionalmente la revolución.

Si se analiza el programa de gobierno de la Junta de Reconstrución Nacional y la estructuración del marco jurídico básico el Estatuto Fundamental y el Estatuto de Derechos y Garantías nada apuntaba a un proceso inmediato de socialización de la propiedad. En lo relativo a la propiedad, la finalidad original apuntaba a recuperar lo acumulado por la familia Somoza y sus militares con robo y extorsión. Por eso, el tan conocido decreto 3 de confiscación de bienes no incluye a "los allegados al somocismo". Y será hasta después de 34 decretos sobre otros asuntos, que la confiscación se extenderá a estos allegados con la promulgación del decreto número 38 el 8 de agosto de 1979. Es decir, que antes del 38, para establecer la base inicial de la propiedad estatal, el FSLN pensó contar sólo con los bienes recuperados a la familia Somoza y a los militares comprometidos en crímenes.

Se acelera la revolución
El desmoronamiento total de la Guardia Nacional produjo un cambio en la estrategia diseñada por el FSLN, ya unido en una Dirección Conjunta, que en la realidad lidereaba el tercerismo, creación de Humberto y Daniel Ortega. Se toma entonces la decisión de acelerar el proceso, ya que siempre se tuvo como meta final el crear una sociedad socialista. La desaparición total de la Guardia, deja en las labores de gobierno compartiendo el poder con los sandinistas, sólo a los sectores políticos que integraron el FAO y a los representantes del sector privado, aglutinados principalmente alrededor del MDN jefeado por Alfonso Robelo, miembro de la Junta de Gobierno.

Con la seguridad del control militar, el FSLN decide ampliar el control político y modificar la estructura original del Consejo de Estado, para garantizarse también el control legislativo. La confianza de tener en las manos ambos controles permitió acelerar el proceso de formación de la propiedad estatal por medio de un conjunto de medidas.

Ley de Reforma Agraria. No estuvo sólo destinada ya a distribuir las tierras recuperadas al somocismo, sino también a integrar a este proyecto otras tierras que estuviesen ineficientemente explotadas. Nunca se pensó en crear pequeños propietarios individuales eso frenaría el avance hacia la propiedad socialista sino en establecer grandes cooperativas. No haber entregado títulos individuales obedeció a una decisión consciente. Y por eso, la actividad jurídica se orientó a crear cooperativas y tribunales agrarios que, de manera más ágil que los comunes, pudieran resolver los conflictos sobre las tierras. Todas estas medidas y decisiones significaron un acelerado proceso de traspaso de propiedades agrarias en manos de particulares a manos del Estado, en la llamada Area Propiedad del Pueblo, con la consecuencia de no poder atender eficientemente tantas tierras y tener que destinar dinero del Estado a subsidiar su producción.

Regulación de la propiedad urbana. Esta se hizo al comienzo por medio de la Ley de repartos ilegales (decreto 97 del 22 de septiembre de 1979); por la Ley de expropiación de tierras urbanas baldías (decreto 895 de diciembre de 1981); por la Ley de expropiación de predios baldíos en el casco urbano del centro de Managua (decreto 903 del 4 de diciembre de 1981), que pasó a manos del Estado el control de las antiguas cuarterías y repartos ilegales. La tenencia y posesión de la propiedad urbana la reguló a partir de entonces el Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos.

Propietarios individuales: no era la meta
Ni con la Reforma Agraria ni tampoco con estas medidas urbanas se pretendió crear propietarios individuales de las viviendas, sino asignar éstas a quienes las necesitaran por estarlas ya habitando, o ubicar en ellas a combatientes desplazados de sus lugares y que no las tenían. Con relación a las grandes propiedades urbanas, abandonadas por militares y funcionarios del somocismo, se legisló destinándolas a uso social: centros de desarrollo infantil, escuelas, museos, etc. Pero nunca se decidió adjudicarlas individualmente y mucho menos extender títulos a particulares.

Al comienzo de los cambios revolucionarios, la falta de viviendas para dirigentes, militares y funcionarios del nuevo gobierno hizo que el uso de este tipo de viviendas se asignara a diferentes instituciones, perteneciendo su dominio al Estado y no a quien las habitara. Esto explica la generalizada falta de titulación a sujetos individuales, tanto en el campo como en la ciudad. Si la finalidad era llegar algún día a crear la sociedad socialista, no se iban a poner trabas al desarrollo de ese proceso creando propietarios individuales. Más bien, había que ir sentando las bases para alcanzar ese ideal.

La guerra trastorna más propiedades
Medidas en contra de la descapitalización de empresas y abandono de propiedades. La aceleración del proceso revolucionario, más allá de lo esperado, produjo temor en propietarios de empresas, fincas y casas. Todos dejaron de invertir, y los empresarios trasladaron fuera del país todos los activos que pudieron. Los dueños de viviendas urbanas, como no encontraban compradores, preferían abandonarlas, dejándolas solas o al cuidado de amigos o empleados.

La necesidad de evitar la paralización de las empresas productoras de bienes necesarios, decidió su regulación jurídica, con medidas ágiles que les permitieran seguir trabajando. Una empresa no puede actuar como tal en sus relaciones locales e internacionales si no es una persona jurídica debidamente constituida.

La COIP, Corporación Industrial del Pueblo, se encargó de mantener viva la industria nacional. Aunque el proceso de organización jurídica de una empresa es bastante más complicado que la titulación de una vivienda, en la mayoría de los casos, este proceso se llevó a cabo aceledaramente a través de transacciones accionarias, creación y fusión de sociedades.

Medidas en respuesta a actividades contrarrevolucionarias. La actividad militar contrarrevolucionaria se dio en el campo y se limitó en las ciudades, especialmente en Managua, a una tímida oposición a las medidas de la revolución, que gradualmente fue convirtiéndose en protestas más abiertas, a medida que el apoyo de Estados Unidos incrementaba la guerra.

La imposibilidad de identificar el origen preciso de propiedades y de propietarios agrarios y las particularidades propias de una guerra, llevó durante años al ejército a tomarse tierras para actividades militares, o para castigar actividades contrarrevolucionarias. Obviamente, estas medidas afectaron la seguridad, no sólo de los propietarios, sino de los trabajadores de estas tierras. Así, las tierras destinadas a producir se convirtieron en escenario de guerra y las medidas de apropiación de tierras tuvieron que hacerse con métodos militares. En aquellos años, la defensa de las tierras que se asignaban a los campesinos se hacía no entregándoles un título de propiedad, sino un fusil.

Medidas políticas de afectación de propietarios. A medida que arreciaba la actividad contrarrevolucionaria y la política de agresión de Estados Unidos, arreciaba también la actividad opositora al gobierno sandinista por parte de grupos de propietarios del sector privado que permanecieron en el país. El Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, asumió el liderazgo de la oposición con el apoyo de autoridades de la Iglesia Católica y desafió abiertamente al gobierno adhiriéndose a la política de Estados Unidos para poner fin a la revolución. La reacción del FSLN fue afectar directamente a este sector en sus bienes, confiscando sus propiedades por decreto presidencial en varias conmemoraciones de los aniversarios de la revolución o en otros momentos cruciales. Los principales representantes del COSEP también fueron encarcelados.

Predominó la ética
Mientras duró la guerra de agresión, la mayoría de los funcionarios gubernamentales y de los dirigentes sandinistas ni eran propietarios ni habían acumulado capital. Si antes de 1990 hubo excepciones a esta norma general gente que se enriquecía abusando de sus funciones los casos fueron muy pocos. En esa época no se podía concebir que algún dirigente inscribiera a su nombre una propiedad que habitaba o una empresa que administraba. Si algunos lo hicieron, fue amparados en la falta de control en el manejo de los bienes estatales por la situación de guerra y por el bloqueo, que en muchos casos obligaban a destinar grandes sumas de dinero a la adquisición de bienes en el exterior o a la acumulación de reservas, sin más garantía que la moralidad de quienes eran encargados de hacer estas operaciones.

Es importante considerar que hasta poco antes del desplome del bloque socialista europeo, Nicaragua contó con la solidaridad económica de esos países, en especial de la ex URSS y la ex RDA. Esa solidaridad se tradujo también en la donación de considerables cantidades de dinero en divisas.

¿Se violó el estado de derecho?
El cuestionamiento que se hace al gobierno sandinista, sobre todo a partir del 90, de haber procedido atropellando el Derecho para aplicar medidas que afectaron la propiedad, se extiende, por lo general, a todas las actuaciones de los sandinistas, tanto las que realizaron para alcanzar el poder como las que decidieron para defender la revolución. Se le cuestiona la creación de tribunales especiales, el establecimiento de normas sobre orden y seguridad pública, de control de las divisas, la regulación del mercado interno y de exportación, etc., etc.

Pero el FSLN nunca pensó tomar el poder ni ejercerlo utilizando los instrumentos legales vigentes en la época somocista. Esto hubiese significado renunciar, antes de llegar al poder, a la lucha armada, apuntándose a un cambio por la vía electoral. Este no fue el caso. El FSLN optó abiertamente por la ruptura violenta y por el desmantelamiento del aparato dictatorial con medidas revolucionarias y no con los recursos legales tradicionales.

Los principales cambios posteriores a 1979, en especial los relativos a la propiedad, se dictaron por decreto en vez de recurrir a la legislación ordinaria. La misma recuperación de los bienes acumulados por la familia Somoza hubiera sido imposible de realizar por medio de los tribunales de justicia ordinarios. La estructuración del capital de los Somozas en sociedades anónimas, el empleo por ellos de la figura de testaferros y la lentitud y conservadurismo del sistema procesal hacían imposible utilizar los tribunales y las leyes ordinarias para expropiar lo robado. Esta situación hizo imposible el aplicar tal cual las medidas contenidas en el programa de gobierno, que fueron respaldadas originalmente por la mayoría de los nicaragüenses, incluido el sector privado no somocista.

Por todo esto, hoy constatamos que los herederos de los Somozas reclaman propiedades argumentando que éstas fueron adquiridas legítimamente y que su titularidad está desvinculada de los Somozas gobernantes y se deriva de sociedades anónimas o de transacciones ajustadas a las leyes de entonces.

1990: un inesperado cambio de mundo
A pesar del deterioro interno del gobierno sandinista, de la disminución del apoyo económico de los países socialistas y del fortalecimiento del apoyo estadounidense a la contrarrevolución, la derrota electoral del FSLN en 1990 frente a la coalición UNO encabezada por Violeta de Chamorro fue una sorpresa para todos. Ella, los políticos, el sector privado y el mismo gobierno de Estados Unidos se encontraron de pronto ante una posibilidad que no tenían programada para actuar de inmediato: un nuevo gobierno.

El FSLN jamás consideró la posibilidad de perder el poder en las elecciones. En todo caso, el FSLN vio en aquellas elecciones, con aquellas condiciones, una necesidad. Tenía que transigir con las exigencias de democratizacion. Por eso, se preparó para "el día después" de otra forma: tras ganar en los comicios, tendría que aceptar una convivencia razonable, a lo interno, con los sectores políticos y económicos presentes en el país y a lo externo, aceptaría la imposibilidad de llevar adelante una revolución socialista, mientras los Estados Unidos toleraría un gobierno sandinista moderado.

La derrota electoral encontró al FSLN sin alternativas para la conservación de las propiedades que antes habían sido de los somocistas o del sector privado y que ahora estaban en poder y en uso del gobierno sandinista y de sandinistas particulares, muchas de ellas sobre todo las últimas que se expropiaron y entregaron sin títulos de propiedad debidamente legalizados.

Lo más probable es que la dirigencia del FSLN se haya planteado tres opciones con relación a la propiedad:

1. Entregar no sólo las estructuras de gobierno sino también las propiedades que no estaban legalizadas debidamente.

2. Organizar y legalizar un capital del FSLN.

3. Beneficiar a lo inmediato a las estructuras partidarias y a los funcionarios de gobierno y militantes, traspasando las propiedades disponibles mediante leyes de urgencia. Y garantizar la continuidad en la posesión de los beneficiarios de la reforma agraria y urbana que no tenían título de dominio.
Se decidió echar a andar la tercera opción.

Transición: se perdió el control
Los tres meses comprendidos entre febrero y abril de 1990 eran insuficientes para garantizar un proceso completo de adjudicación y legalización de propiedades en poder del Estado, bajo cualquier forma de dominio o posesión, a particulares que el gobierno consideró no podían correr el riesgo de ser despojados de lo que ya usufructuaban como poseedores. En lo que el FSLN decidió en aquellos momentos influyó también la consideración de que en las nuevas reglas del juego, el poder económico tendría un papel predominante para conservar poder político desde la oposición.

La inesperada derrota y el descontrol inicial que generó, propició la desorganización y el abuso que se dieron en el marco de esta política de conservación de bienes. Casi de inmediato, a lo interno del FSLN se tomó conciencia de que en la nueva situación no todos estaban en la misma situación de desamparo en lo que respecta a las propiedades y medios de subsistencia. Lo que al inicio fue acumulado para solventar necesidades impuestas por el bloqueo y la guerra, resultó de pronto ser, en gran medida, capital, en bienes y propiedades, de algunos dirigentes políticos y funcionarios del gobierno.

En el apresurado proceso de distribución de bienes se perdió el control. Esto se prestó a abusos que dieron origen a nuevos propietarios capitalistas, a la vez que la gran masa de los usuarios de propiedades quedaban desprotegidos, al no tener acceso a las medidas de urgencia con las que se adjudicaban y legalizaban propiedades de forma individual.

Con las grandes empresas industriales y comerciales, que ya tenían una estructura jurídica propia, no hubo mayores problemas. Se organizó el traspaso de acciones a las sociedades existentes y se crearon nuevas sociedades, que adquirieron algunas empresas estatales. Donde no existía la estructura jurídica de una sociedad, se recurrió al traspaso a terceros, en calidad de testaferros de buena fe, en el entendido de que, al reorganizarse las finanzas del partido FSLN, esos bienes serían objeto de nuevos destinos. La realidad demostró que las medidas de urgencia para la conservación de un capital para la sobrevivencia política del FSLN, lo que produjeron fue un nuevo grupo de propietarios y de capitalistas particulares, incluso en algunos sectores de trabajadores del campo y la ciudad.

Gobierno Chamorro: las concertaciones
La debilidad del gobierno de la señora Chamorro facilitó un acuerdo de transición en lo referente a la tenencia de propiedades. Las concertaciones para garantizar la propiedad de los trabajadores tuvieron como efecto el traspaso de la propiedad y el control de empresas agropecuarias, industriales y comerciales a grupos corporativos en formación bajo las figuras del arriendo con opción de compra o la cesión y venta de acciones y posteriormente, la privatización de las empresas ya constituidas.

Complejos agropecuarios y azucareros, industrias textileras y otras, pasaron a ser, totalmente como fue el caso de algunos ingenios azucareros y fincas ganaderas propiedad de nuevas organizaciones de trabajadores. En otras empresas como la industria farmacéutica Solka y en el sector bananero, los trabajadores pasaron a compartir la propiedad con los antiguos dueños y el Estado.

La realidad actual demuestra que estos grupos de propiedades se encuentran dominados por nuevos grandes propietarios que, en una u otra forma, han logrado que la participación de los trabajadores se limite, en la mayoría de los casos, a ceder sus acciones o a tratar de conservar el puesto de trabajo, con la excepción de un pequeño grupo de dirigentes que se convirtieron en propietarios individuales.

Con las leyes 85 y 86 se trató de dar protección a la propiedad de viviendas y de lotes de terrenos ocupados por personas individuales y organizaciones sociales, estableciendo los mecanismos de titulación de estas propiedades. En las propiedades de particulares con extensión mayor a los 100 metros cuadrados, para considerarlas de interés social, las leyes 85 y 86 establecieron mecanismos de pago y algunas restricciones para la titulación.

Los pequeños, los más desamparados
La creación, durante el gobierno Chamorro, del complicadísimo mecanismo de la OOT, la Oficina de Ordenamiento Territorial, generó una natural dificultad a los usuarios de inmuebles pequeños en el proceso para su legalización. No sucedió así con las propiedades mayores, ya que estos usuarios contaban con recursos, no sólo para realizar los trámites, sino incluso para pagar en efectivo o en bonos el precio fijado por las leyes para su adquisición definitiva.

Lo mismo que sucedió con las leyes 85 y 86, sucedió con la ley 88, Ley de protección a la propiedad agraria. Para el pequeño poseedor de una parcela ha sido muy difícil la titulación e inscripción. Y en el caso de lograrlas, muchos cedieron su derecho a nuevos propietarios que, sin ser trabajadores rurales, han logrado legalizar su dominio en propiedades tanto del campo como de la ciudad.

En todo este dilatado proceso de legalización de la propiedad individual que estuvo antes en poder del Estado, los pequeños propietarios han estado indefensos jurídicamente, y quienes han logrado evitar el desalojo por mandato judicial o el desalojo de hecho, o el que se logra a través de mecanismos de compra, sólo lo han podido impedir con la autodefensa organizada en cooperativas rurales pequeñas, o con el apoyo de los vecinos y otros pobladores en barrios urbanos.

No hay necesidad de recurrir a estadísticas para constatar que los desalojos o la absorción de propiedades pequeñas por grandes propietarios sólo los han padecido los poseedores de escasos recursos. Basta con escuchar noticias y ver las fotos de los diarios.

Ley 209: ¿punto final?
Al no lograr resolver el conflicto sobre la propiedad en sus primeros cinco años, el gobierno de la señora Chamorro estableció un acuerdo para tratar de dar estabilidad a la nueva situación de la propiedad. Así, surgió la ley 209, Ley de estabilidad de la propiedad. Al amparo de esta ley se incrementaron las devoluciones de propiedades, fundamentalmente en el campo, y también las indemnizaciones de aquellas propiedades que no pueden ser objeto de devolución.

Los pequeños propietarios han sido nuevamente los verdaderamente afectados por estas disposiciones, ya que los nuevos dueños de inmuebles urbanos o de fincas rurales tuvieron tiempo y recursos para legalizar su situación, o por lo menos, para hacer, si no imposible, sí muy difícil, el ser vencidos en juicios de reclamación. Muchas de estas grandes propiedades de nuevos propietarios ya se encuentran registradas a nombre de terceros registrales de buena fe.

En cuanto a las empresas del área comercial que quedaron en manos de nuevos dueños no trabajadores, después del fracaso inicial por la falta de capacidad administrativa, su capital se reorientó a otro tipo de actividades, en las que también participan como socios empresarios del sector privado tradicional con mayor experiencia de gestión.

Las pocas empresas que quedaron directamente en manos de sus trabajadores como es el caso de algunos supermercados o cooperativas de transporte terminaron controladas por pequeños grupos de nuevos propietarios, y los trabajadores de base, dueños de acciones o socios, en no pocos casos ni siquiera han podido conservar su puesto de trabajo.

Alemán: otra vuelta de tuerca
En 1996, al resultar vencedor en las elecciones el partido liberal de Arnoldo Alemán, el FSLN se encuentra en una situación de debilidad aún mayor que la que tenía en 1990. El Ejército y la Policía han avanzado en su profesionalización y el FSLN sólo cuenta con sus propias fuerzas, ya disminuidas como producto de la división interna y del deterioro de su autoridad moral entre la población, entre otras razones por el enriquecimiento abierto de algunos de sus dirigentes.

Los nuevos grandes propietarios del FSLN están ahora acompañados en sus negocios por funcionarios y allegados del gobierno Chamorro, que aprovecharon sus posiciones en el gobierno para enriquecerse, sobre todo a través de acciones de privatización, compra de tierras a cooperativas y negociaciones hechas desde el aparato de gobierno. Ambos grupos tienen que enfrentar ahora a un nuevo sector reclamante de propiedades.

Las promesas hechas durante la campaña electoral por Arnoldo Alemán alentaron a antiguos propietarios vinculados con el regimen somocista. Ahora, ex guardias nacionales, ex funcionarios de los Somozas y algunos más reclaman la devolución masiva de sus bienes. En algunos casos, lo hacen, ya instalado el nuevo gobierno liberal, desde posiciones de poder en cargos en la administración, desde ministros hasta funcionarios menores. Ante esta avalancha de nuevos reclamos, los nuevos grandes propietarios no están afectados: de una u otra forma ya habían legalizado la situación de sus bienes.

Entra en acción el Poder Judicial
El gobierno Alemán ha empezado a compensar a los reclamantes con indemnizaciones generosas o con la devolución de propiedades y empresas en manos de los propietarios más débiles cooperativas, empresas del Estado con participación de los trabajadores . O simplemente, está pagándoles salarios y regalías que les permitan recuperar su antiguo estatus de propietarios comprando propiedades a quienes tienen debilidad en su titulación y a quienes necesitan dinero por carecer de empleo o de crédito.

Hasta ahora, las formas de resolver los reclamos han sido esencialmente administrativas o de hecho. El aparato judicial ha estado ausente y sigue siendo inadecuado por su lentitud y deficiencia normativa para garantizar una solución pronta y definitiva de los conflictos de propiedad que se lleven a su conocimiento. Por lo general, los propietarios pequeños son despojados sin que tengan la oportunidad de ventilar el fondo de su derecho a la propiedad o a la posesión, utilizando figuras jurídicas que, de una manera o de otra, instalan al reclamante en la posición de poseedor.

1997: la disputa es entre dos grupos
En la actualidad, el problema de la propiedad radica en la disputa entre dos grupos de poder. Por un lado están los grandes propietarios del FSLN, que ya han logrado estabilizar la situación jurídica de la mayoría de sus bienes y que, aunque propietarios individuales, han logrado constituirse en un bloque de poder económico, que todavía cuenta con el respaldo de gran parte de pequeños propietarios, que siguen viendo en el FSLN la única alternativa para defender sus intereses. El otro grupo está formado por dos sectores: antiguos propietarios vinculados al somocismo y allegados al gobierno del Presidente Alemán. Ambos sectores, unidos en el poder político, tratan de formar un nuevo grupo de poder económico que pueda, por un lado resistir al FSLN y por el otro, desplazar al sector privado tradicional, siempre más pasivo en la defensa de sus intereses.

Los intereses económicos de los grupos en conflicto les exigen a ambos una definición de la situación de la propiedad. La inseguridad y la confrontación afecta sus metas de crecimiento económico. Sin definición de áreas de propiedad seguras para cada grupo, no puede ninguno de ellos alcanzar estabilidad en los negocios que generan sus propiedades. Para el FSLN, son sectores claves a conservar los de la producción de azúcar, comercialización del banano y el transporte. Les producen considerables ingresos a sus nuevos dueños y además, les permiten capitalizar el apoyo de los trabajadores de base que nominalmente se consideran también dueños de estas empresas.

Arreglo económico = arreglo político
Aunque es cierto que el problema de la propiedad afecta toda la economía del país y de una u otra forma afecta a todo el pueblo, la realidad es que el gran problema se da únicamente entre estos dos grupos de propietarios en defensa de sus propios intereses. Y aunque estos dos grupos logren alcanzar un acuerdo, el problema de la propiedad subsistirá. ¿Por qué? Porque la propiedad y el crédito se están concentrando aceleradamente en menos manos, y por consiguiente, los pequeños propietarios de viviendas en las ciudades, y los propietarios de cooperativas o campesinos individuales en el campo, irán vendiendo sus propiedades a los nuevos propietarios para incursionar con el producto de esta venta en actividades de comercio informal.

Esto explica por qué, a pesar de que se estaba desarrollando un Diálogo Nacional para identificar los problemas que aquejan al país y proponer soluciones de conjunto el problema de la propiedad se discutió al margen y bilateralmente. Una discusión pública del problema de la propiedad lo más que puede lograr es dar legitimidad a un arreglo de cúpulas, con el que los dos grupos de nuevos propietarios buscan estabilizar sus propios intereses económicos. Este arreglo entre los dos grupos económicos significará también, lógicamente, un arreglo político.

Algunos perjudicados por la nueva ley
Tanto la ley 209, de diciembre de 1995, como el proyecto de ley surgido a inicios de septiembre titulado Ley sobre propiedad reformada urbana y agraria han sido llamadas leyes "de punto final". No hay tal punto final. Como la Ley 209, la nueva ley acordada entre el FSLN y los liberales sólo pondrá puntos suspensivos, ya que el problema seguirá y se agudizará. Señalando algunos aspectos de la nueva ley puede comprenderse mejor este incierto futuro.

Están desprotegidos los títulos de reforma agraria en áreas urbanas de Managua y de otras ciudades. El artículo 45 estipula que no tendrán validez los títulos de reforma agraria otorgados dentro del límite urbano de la ciudad de Managua establecido en el Reglamento de Zonificación del año 1982. Estos títulos serán anulados y cancelada su inscripción registral. Se dispone que en estos casos el INRA reasigne a los ocupantes otras tierras para que continúen su actividad productiva.

En el caso de Managua, los muchos perjudicados serán aquellos pequeños agricultores que conservan pequeñas parcelas de tierra, dedicadas al cultivo de granos, plátanos y frutales. Todos esos terrenos, sobre todo los ubicados a ambos lados de la carretera a Masaya y de las carreteras Sur y Norte, han adquirido un gran valor. Pero el que los ha poseído y trabajado durante años no se beneficiará de la plusvalía y será trasladado a lugares remotos, sin condiciones adecuadas ni para la producción ni para la comercialización. Es una medida similar a la que en tiempos de Somoza desplazó a miles de campesinos a la zona de Nueva Guinea.

"Nueva" Managua despejada de pobres
El artículo 93 de la nueva ley dispone que los habitantes de asentamientos humanos que se han consolidado hasta 1994, aunque tengan la posesión del inmueble, quedan sujetos a las decisiones de la autoridades competentes en materia de urbanismo para ser reubicados, cuando las áreas que ocupen se vean afectadas por las normas de desarrollo urbanístico de la ciudad. Y para dejar más clara la finalidad de esta disposición, el artículo 96 expresa: "en todo caso se procurará no obstaculizar, entorpecer o frenar el desarrollo de las ciudades". Managua está plagada de pequeños lotes que obstaculizan ese "desarrollo". No ofrece la ley alternativas concretas más que la reubicación arbitraria, abandonando a su suerte, después de desalojarlos, a los pobladores de los asentamientos.

Esto significa que, administrativamente, los pobladores de zonas y de barrios en los que se estén desarrollando inversiones inmobiliarias en hoteles, comercios o viviendas, serán desalojados. Sus pocas pertenencias serán trasladadas en camiones a zonas sin condiciones elementales de agua, luz, transporte, etc, y por supuesto, no recibirán ninguna compensación por el trueque forzado de su pequeño lote en una zona de valor, por otras tierras no sólo lejanas sino de un valor exageradamente menor.

En la ley está claro que las zonas privilegiadas de Managua serán despejadas de pobres. En ninguna parte de la ley se dispone que el poseedor pobre se beneficiará de la diferencia de precio entre el valor del terreno del cual es desalojado y el de aquel al que se le lleva. ¿Quiénes se beneficiarán del alto precio que alcanzarán los lotes en asentamientos que estén cerca de futuros centros comerciales, de hoteles o de urbanizaciones de lujo, donde a los satisfechos les molesta convivir con marginales y desempleados?

"Terceros adquirentes de buena fe"
El último inciso del artículo 45 del proyecto establece que "asimismo quedan a salvo los terceros adquirentes de buena fe". Esta disposición viene a tranquilizar a los especuladores inmobiliarios, sobre todo en las zonas privilegiadas de Managua que, adelantándose a esta disposición, se han apropiado, comprándolas a precios irrisorios, de pequeñas propiedades de trabajadores de la tierra.

Zonas como Altos de Santo Domingo, las proximidades de Las Colinas, la carretera hacia el Colegio Centroamérica y la carretera a Masaya ya están en poder de "terceros adquirentes de buena fe". Los afectados no serán ninguno de los grandes, serán sólo aquellos que se apegaron a su cultivo de plátanos o a su diminuta milpa.

La garantía que otorga la ley a esos terceros adquirentes y la formalización jurídica del dominio de los grandes propietarios impactará disparando los precios de los inmuebles en Managua. Los desalojados no tendrán capacidad de compra para ubicarse en lotes que les permitan seguir vinculados de una u otra forma a la ciudad. Con un poco más de juicio y con el deseo de proteger realmente a los más débiles que, evidentemente, serán des pojados se pudo establecer una cláusula de lesión enorme, establecida en otras legislaciones, que permitiera a quienes fueron o serán víctimas de esos terceros adquirentes de buena fe, el reclamar la lesión que les causó el estado de necesidad que les obligó a vender su lote por un precio desproporcionadamente inferior al real. El marco jurídico nicaragüense, que santifica el principio de la autonomía de la voluntad en los contratos, lo impide y deja esas operaciones a las leyes del libre mercado.

Las novedades procesales del proyecto tienden a acelerar los trámites judiciales de reclamos de propiedad y el establecimiento de la gestión de mediación. Lo mismo busca la creación de tribunales arbitrales especiales para resolver los conflictos que se puedan presentar sobre el dominio.

Todos sabemos que el acceso a la justicia, a pesar de la garantía constitucional, no es igual para todos los nicaragüenses. Difícil, si no imposible, será para un pequeño poseedor desalojado el asumir los costos de una complicada tramitación para defender sus derechos. Los contendientes que realmente participarán en estos trámites serán sólo aquellos antiguos grandes propietarios que reclamen propiedades a los nuevos propietarios también grandes.

Algunos beneficiados especiales
En el artículo 19 de la nueva ley se aborda el problema de algunas empresas privatizadas en los años 90. Se dispone que a las empresas que tienen contratos de venta en documento privado o de arriendo con opción de compra celebrados por la CORNAP (Corporación Nacional del Sector Público) con antiguos trabajadores estatales, licenciados del Ejército, del Ministerio de Gobernación y/o desmovilizados de la Resistencia se les otorgará la correspondiente escritura de compraventa. Se amplían hasta el año 2002 los plazos de pago, y se establece que los nuevos dueños pueden pagar hasta un 50% de la empresa en bonos de indemnización, recibiéndoselos a un 50% de su valor facial.

Para el FSLN, esta disposición significa legitimar la propiedad de las principales emrpresas, hoy controladas por empresarios sandinistas. Para el gobierno, significa terminar, de una vez por todas, con reclamos económicos de trabajadores, como los de la caña y el banano, que en un momento pensaron ser partícipes en la propiedad de esas empresas.

Una disposición especial establece la nueva ley en el artículo 97. Las casas adquiridas al amparo de la ley 85 por la Policía y el Ejército, tanto para uso institucional como para sus miembros, activos o retirados, no se tocarán y el derecho de propiedad así adquirido no estará sujeto a ningún pago.

El gobierno de Alemán hace estas dos excepciones con una clara intención. Trata de garantizarse que los nuevos empresarios sandinistas actúen "responsablemente" para proteger sus bienes, ahora legitimados, mientras "enseña" a los trabajadores que en una economía de mercado su función está limitada a prestar su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Con los miembros de las fuerzas armadas, el gobierno busca eliminar cualquier posibilidad de que estas fuerzas apoyen reclamos populares para que sus actuaciones, sujetas al poder civil, se ajusten estrictamente a garantizar el actual "estado de derecho".

El problema continuará
El problema de la propiedad no se resolverá con la aprobación de la ley concertada entre el FSLN y el gobierno liberal. Este acuerdo fue diseñado para solventar las contradicciones entre dos grandes nuevos grupos de poder económico: los nuevos propietarios y empresarios surgidos después del 90 y el grupo que se está gestando alrededor del Presidente Alemán, dispuesto a crear su propio poder económico desde el gobierno. Esta es la razón por la cual sectores tradicionales del capital como los Pellas, los Mántica o un Manuel Ignacio Lacayo no participaron ni de estos arreglos de cúpulas ni de las discusiones del Diálogo Nacional.

Tendrá que llegar el momento en que la consolidación de estos dos nuevos grupos de propietarios los haga cada vez más afines en sus intereses económicos, y también políticos. Mientras tanto, los perjudicados, los desplazados de sus lotes urbanos, los despojados por ley o por compras forzadas y sin posibilidades de empleo, tomarán sus propias medidas para defender su sobrevivencia frente a cualquier tipo de propietario sin distinguir sus colores políticos. Las medidas de ajuste exigidas por los organismos financieros internacionales acelerarán la violencia y los estallidos sociales y complicarán aún más la complicada situación nacional.

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